LA ECONOMIA SOCIAL Y ECOLOGICA DE MERCADO COMO ORDEN ECONOMICO DEL PERU:
UNA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
La economía social de mercado, establecida constitucionalmente en el
Perú desde 1979, como norma fundante de nuestro sistema económico, es un
concepto acuñado en Alemania por Alfred Müller-Armack, quien la define como un
orden económico que busca combinar sobre la base de una economía competitiva la
libre iniciativa con el progreso social, sustentado, este último, en los
rendimientos de mercado. En ese sentido, las políticas económicas y sociales
deben estar articuladas, ser complementarias y estar ordenadas al desarrollo de
la persona y la sociedad en su conjunto, elevando la calidad del bien común.
Ello, implica asimismo, que ese desarrollo sea alcanzado respetando el ambiente
dentro del cual se producen los procesos productivos y los procesos sociales,
aplicando el concepto de sustentabilidad ambiental, que garantice el
sostenimiento del mismo, en el largo plazo, para beneficio de las generaciones
futuras.
Por
ello, “de cara con los desafíos ambientales contemporáneos, la economía social
de mercado necesita convertirse en una economía ecológicamente orientada. Pero
la orientación ecológica no debe diluir la identidad tradicional de la economía
social de mercado. Los ingredientes ecológicos de la Economía Social y
Ecológica de Mercado (ESEM) son tan importantes como los elementos de mercado y
las características sociales. Sin embargo, si el mercado no hace su trabajo y
la política económica no es combinada con una política social preventiva y
compensatoria, la dimensión ecológica no
podrá ser efectivamente incorporada dentro de una economía social de mercado.
Así, los términos mercado, social y ecológico deben sonar con cada una de los otros
como elementos esencialmente iguales en una melodiosa triada”[1].
Contemporáneamente,
esta preocupación por la sustentabilidad del desarrollo, implica una atención
especial por los problemas de carácter ecológico implicados en el proceso de
desarrollo económico. “La
programación del desarrollo económico debe considerar atentamente «la necesidad
de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza»,
porque los recursos naturales son limitados y algunos no son renovables”. El actual ritmo de
explotación amenaza seriamente la disponibilidad de algunos recursos naturales
para el presente y el futuro. La solución del problema ecológico exige que la
actividad económica respete mejor el medio ambiente, conciliando las exigencias
del desarrollo económico con las de la protección ambiental. “Cualquier actividad económica que se sirva
de los recursos naturales debe preocuparse también de la salvaguardia del medio
ambiente y prever sus costos, que se han de considerar como «un elemento
esencial del coste actual de la actividad económica»”[2].
“Los
graves problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que
lleve a adoptar nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del
bien, así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean
los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las
inversiones. Tales estilos de vida deben estar presididos por la sobriedad, la
templanza, la autodisciplina, tanto a nivel personal como social. Es necesario
abandonar la lógica del mero consumo y promover formas de producción agrícola e
industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las necesidades
primarias de todos. Una actitud semejante, favorecida por la renovada
conciencia de la interdependencia que une entre sí a todos los habitantes de la
tierra, contribuye a eliminar diversas causas de desastres ecológicos y
garantiza una capacidad de pronta respuesta cuando estos percances afectan a
pueblos y territorios. La cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente
en razón de las terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental:
tal cuestión debe ser, principalmente, una vigorosa motivación para promover
una auténtica solidaridad de dimensión mundial”[3].
La mayor relevancia de los problemas ecológicos, evidenciadas sus implicancias
para el desarrollo humano, indujeron que a principios de la década de los
ochenta (1982), la concepción del orden de la Economía Social de Mercado
experimentara un cambio fundamental al incorporar el principio de
compatibilidad ecológica (protección del medio ambiente) como principio
regulador del orden socioeconómico global. Estableciendo con ello que el orden
económico no sólo debe ser social sino que, también, debe asegurar que la
conducta económica no destruya las bases naturales de la vida del hombre. La
protección de la salud humana, el mantenimiento del ecosistema (hoy gravemente
deteriorado por los cambios climáticos, la degradación de la capa de ozono y el
retroceso de la biodiversidad), la protección de los animales y las plantas, la
reducción del nivel de desperdicios (residuos químicos, minerales, etc.), el
mantenimiento de la calidad del agua y de la tierra y la protección del suelo
exigen un notable esfuerzo ecológico. Esto no responde solamente a una necesidad
ecológica sino también económica. Protección al medio ambiente significa
también utilizar racionalmente los recursos naturales y el espacio.
Detlef Radke, afirma que “esta nueva óptica se traduce concretamente
en el término de «economía de mercado social y ecológicamente compatible». La integración de la política ambiental en el concepto de la Economía
Social de Mercado se realiza de conformidad con el sistema. La política
ambiental está sujeta a las mismas reglas de decisiones que las demás
políticas, es decir que debe hacerse con los instrumentos de mercado”[4].
En una economía social de mercado, el comportamiento de los agentes
económicos, debe estar regulado positivamente para que la interacción de estos
con el entorno natural sea sustentable, con la finalidad de mantener el capital
naturaleza (recursos naturales) como soporte de la vida en general y de las actividades económicas,
específicamente, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras, por ello al marco social de la economía social de mercado
se agrega el principio de compatibilidad ecológica.
El Estado, como responsable del bien común, debe configurar el “orden”,
el marco legal e institucional, que integre el principio de libertad para el
ejercicio de actividades económicas y los otros principios constitutivos y reguladores,
con el principio de compatibilidad ecológica. Una economía que respete el medio
ambiente no buscará únicamente el objetivo del máximo beneficio, porque la
protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de
costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del
mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente.
En el caso del Perú, a la luz de los acontecimientos que han marcado
nuestra evolución económica reciente, resulta de vital importancia, la
incorporación de la variable ambiental
en el diseño e implementación del orden económico, así como en el diseño
y ejecución de las políticas del proceso económico y social, pues tenemos altos
costos de degradación ambiental. En ese sentido, cabe precisar que según el
estudio más reciente sobre el particular, producido por el Banco Mundial “los
más altos costos de la degradación ambiental en el Perú, son en orden
decreciente de magnitud: inadecuado abastecimiento de agua; sanidad e higiene;
contaminación atmosférica urbana; desastres naturales; exposición al plomo;
contaminación del aire en locales cerrados; degradación de la tierra;
deforestación e inadecuada recolección municipal de desechos. Combinados, estos
problemas ambientales cuestan 8,2 billones de soles, ó 3,9 por ciento del PBI.
Los pobres y las poblaciones más vulnerables cargan desproporcionadamente el
peso de este costo”[5]. Al respecto, cabe referir que versiones recientes sobre el particular,
emitidas por la “Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y
políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las
que se desarrollarán las actividades económicas, especialmente las industrias
extractivas”[6], publicadas en
octubre del 2012, corroboran la actualidad del costo estimado de degradación
ambiental y advierten, además, que esa situación se va a agravar, en los
próximos años, por los efectos del cambio climático.
Si el Perú mantiene su propósito de impulsar un crecimiento económico
sostenido y competitivo, como base de un auténtico desarrollo económico,
resulta necesario incorporar la variable
ecológica en la configuración del orden económico que va a sustentar el proceso
y las actividades económicas, lo cual debe ser materializado a través de una
reforma constitucional, que eleve al rango de norma fundamental la
configuración del orden económico a partir del concepto de la economía social y
ecológica de mercado[7].
Abril de 2013
Published by GTZ in May 2008 in: The Social
and Ecological Market Economy – A Model for Asia?, Ed. By Deutsche
Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn 2008,
p.23 -52,
[2] Pontificio Consejo
“Justicia y Paz”, “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Numeral 470.
[3] Pontificio
Consejo “Justicia y Paz”, “Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia”. Numeral 486.
[4] Radke, Detlef,
“ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO: Una opción para los países en transición y en
desarrollo?. Buenos Aires-Argentina, Konrad Adenauer Stiftung-CIEDLA. 1995
[5] Banco Mundial,
“ANALISIS AMBIENTAL DEL PERU: RETOS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Lima, Mayo
2007.
[6] Informe de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar
propuestas normativas y políticas orientadas
a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se
desarrollarán las actividades económicas, especialmente las industrias
extractivas, creada mediante Resolución Suprema Nº 189 –2012-PCM
[7] Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL PERÚ”. Grupo de
Trabajo Multisectorial creado a través de la R.M Nº 025-2008-PCM: una “mejor
gestión ambiental es imprescindible para la competitividad de los
productos peruanos en los mercados internacionales y para atraer inversiones
nuevas en el sector productivo. Los mercados mundiales se vuelven cada
vez más exigentes en los asuntos del ambiente (…) El calentamiento
global, la disminución de los bosques, el deterioro de los recursos vivos y
la crisis del agua (…) nos ofrecen oportunidades de atraer capitales e
inversiones para el desarrollo, contribuyendo además a la solución
de los mismos”
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